El juzgado de Primera Instancia número 5 de Coslada ha aplazado al 14 de noviembre el juicio previsto contra la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y otros dos cargos del PP, que afirmaron que el PSOE había contratado los servicios de una agencia de detectives para espiar al PP en 2011.
De este modo, el juzgado acepta la solicitud de aplazamiento presentada por el abogado de Cospedal, quien remitió un escrito a dicho juzgado en el que explicaba que el 3 de octubre, que era la fecha prevista en un primer momento, le resulta «imposible» acudir porque tiene que ser sometido a una «intervención coronaria».
El escrito de solicitud de suspensión de la vista oral iba acompañado de un informe médico, en el que el facultativo expone que el cateterismo mantendrá hospitalizado al letrado hasta, al menos, el 4 de octubre.
Los hechos ocurrieron a principios de 2011 cuando Cospedal no era presidenta regional, pero sí dirigía el PP castellano-manchego, partido al que también pertenecen los otros políticos demandados, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (ahora también diputada nacional), y el que era portavoz del equipo municipal de Romero, Francisco Cañizares, que actualmente es portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha.
La demanda civil contra los tres políticos la presentó el gerente de Detectives Almirante, Isidro García, por entender que las manifestaciones de estos políticos sobre la contratación por parte del PSOE de espías para vigilar a dirigentes del PP le causaron prejuicio en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen.
Los abogados de los demandados enmarcan esas manifestaciones en el contexto de una «campaña electoral».