La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se dedicaba a cometer robos simulando registros policiales en domicilios y locales con autorizaciones judiciales falsificadas por la propia organización. La operación denominada «Agüello» ha supuesto la detención de los cinco integrantes de la organización criminal en las localidades de Murcia, Molina de Segura (Murcia) y Orihuela (Alicante), según una nota del instituto armado.
Entre los arrestados, se encuentran dos policías locales de las localidades de Aledo y Abanilla (Murcia) y un militar, cabo primero del Ejército del Aire, que se valían de su formación profesional y experiencia para desarrollar la actividad delictiva.
Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, usurpación de funciones públicas, falsificación documento público y robo con intimidación.
Además, ha sido detenida una sexta persona por delito de tráfico de drogas.
En esta operación se han realizado cinco registros domiciliarios en los que se han intervenido gran cantidad de armas y munición, 12.000 euros en efectivo, documentos públicos falsificados, equipos informáticos y efectos policiales como placas y carnés identificativos, grilletes, rotativos y defensas eléctricas.
La investigación comenzó al detectarse la presencia de un grupo de personas que desarrollaba su actividad delictiva en Murcia, Alicante, Albacete, Córdoba, Málaga y Madrid.
Los miembros del grupo realizaban registros domiciliarios ilegales simulando que eran agentes judiciales y policiales del Estado, utilizando mandamientos judiciales falsificados, con el objetivo de sustraer grandes cantidades de dinero y drogas, principalmente.
La organización estaba integrada por cinco personas, entre ellos dos policías locales y un militar, que utilizaban su formación profesional y experiencia para diseñar un falso dispositivo policial y judicial orientado a realizar registros domiciliarios de forma ilícita a traficantes de droga o a cualquier otra persona que pudiera tener grandes cantidades de dinero.
Una vez fijados los objetivos, la red criminal falsificaba mandamientos judiciales con sellos y membretes imitados para hacer más creíble su actividad delictiva, empleando equipos informáticos de última generación.
Para realizar los registros domiciliarios ilegales se identificaban como inspectores de policía y secretarios judiciales, utilizaban inhibidores de frecuencia, escáneres y efectos policiales como placas y carnés identificativos de policía, rotativos, grilletes y bridas, así como pistolas, revólveres y munición.
A la vista de la documentación aportada y la apariencia de los integrantes de la organización, las víctimas pensaban que la actuación policial era lícita, lo que les facilitaba la libertad de movimiento por el inmueble hasta que obtenían su botín.
Los detenidos, efectos recuperados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que ejerce la dirección judicial de la operación junto con la Fiscalía Antidroga de Murcia.
La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.