La Guardia Civil ha detenido a 60 personas implicadas en una red extendida por siete provincias, entre ellas Toledo, que se dedicaba a la falsificación de contratos de trabajo, regularización fraudulenta de extranjeros y cobro ilegal del paro, métodos con los que lograron estafar algo más de un millón de euros.
Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, la operación «Aquileo» se inició en mayo cuando se detectó que un gran número de trabajadores extranjeros, asentados en Segovia y otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España con contratos de trabajo de una empresa de construcción que, según se averiguó, no tenía actividad real.
De hecho, la empresa, tal y como reflejaron las pesquisas, se encontraba en realidad en estado de disolución y acumulaba unas pérdidas de 150.000 euros.
La red, con ramificaciones en Alicante, Murcia, Girona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid, contrataba a extranjeros, que utilizaban este documento falso y el período que supuestamente habían trabajado en esa empresa para regularizar su situación administrativa en España.
Después, demandaban las prestaciones por desempleo que supuestamente les correspondían y ayudas familiares.
Además, aprovechaban esos contratos para solicitar reagrupamientos familiares, préstamos bancarios o permisos penitenciarios.
El responsable de la empresa pantalla, H.M.P., un hombre de 45 años y vecino de Segovia, era quien expedía los contratos falsos y las altas ficticias en la Seguridad Social previo cobro de una cantidad de dinero que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa.
H.M.P. llevaba a cabo esos contratos en un bar que regentaba en Segovia y su actividad se difundió rápidamente por el boca a boca entre la comunidad extranjera de la ciudad castellanoleonesa, principalmente entre la de origen marroquí.
Durante la operación se han practicado registros en la sede social de la empresa, en la vivienda particular del presunto cerebro de la trama y en el domicilio de varios supuestos trabajadores, en los que se ha incautado de documentación falsa como contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social y documentación fiscal, así como ordenadores y otros efectos.
La Guardia Civil ha actuado en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, con el apoyo también del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Segovia.
Las investigaciones han sido coordinadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia.