Un fraude a la Seguridad Social de 27.503.000 euros. Eso es lo que acaba de destapar la Policía Nacional en el marco de la operación «Pandora», en cuya ejecución se han detenido a un total de 33 personas y se investiga a 40 más. La operación ha analizado 22 expedientes correspondientes a 17 provincias y 11 comunidades autónomas, entre ellas Toledo.

Las investigaciones comenzaron en 2017, cuando la Tesorería de la Seguridad Social informó mediante escritos-denuncia a la Policía Nacional sobre estos posibles fraudes.

Los agentes comenzaron investigar y las intervenciones se produjeron entre los meses de mayo y junio de 2018. Entonces se procedió a detener a los presuntos implicados por delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.

Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional, «los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia, y familiares de los primeros.

Así defraudaban a la Seguridad Social

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, es habitual entre las empresas defraudadoras poner en práctica estas conductas:

Creación de entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal.

La ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS.

Además, también lo hacían con la rotura de precintos de bienes embargados; con denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados; la desaparición «fortuita» de esos bienes embargados, o incluso la venta en negro de los bienes embargados a terceros de buena fe.

La falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.