Agentes de Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Información de la Guardia Civil, han detenido a 29 personas como presuntos autores de los Delitos de Falsedad Documental, Contra la Seguridad Social y Estafa e imputado a otras 21.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la detención se produjo tras la investigación llevada a cabo por funcionarios, a raíz de que el pasado mes de marzo, durante una inspección de trabajo en una empresa de construcción de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), se determinara que esta había sido utilizada de manera instrumental para permitir el acceso indebido a prestaciones y ayudas del erario público.
Las investigaciones determinaron que este acceso a las prestaciones y ayudas se realizaba mediante simulación de la contratación laboral de las personas que figuraron de alta en la Seguridad Social como supuestos trabajadores de la misma.
La citada empresa carecía de cualquier actividad laboral, y el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros en nuestro país.
El «modus operandi» de estos empresarios consiste en que los mismos por sí, o a través de intermediarios, captan a personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros no comunitarios, en precaria situación económica, que se encuentran en situación de desempleo y que habiendo desarrollado con anterioridad una actividad real en otras empresas no reúnen los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones y o subsidios por desempleo.
A estos, les ofertan contratos de trabajo, que en ningún caso amparan una relación laboral efectiva, así como el consiguiente alta en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa; todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero, que en ocasiones abonan en el mismo momento de la formalización del contrato y tramitación del alta en Seguridad Social.
En otras ocasiones, lo hacían realizando pagos sucesivos durante el tiempo que dichos trabajadores figuran en situación de alta, por el importe de las cuotas que habrían de ingresarse en dicho Organismo, que en ningún caso se ingresan, ya que se las apropia el propio empresario.
Con la realización de estas presuntas actividades ilícitas, una vez que los supuestos trabajadores de la empresa, reunían los mínimos periodos de carencia, eran dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y cobrar de forma fraudulenta prestaciones y/o subsidios por desempleo del erario público, o en el caso de ciudadanos extranjeros, renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo en España, o reagrupar a sus familiares.
Tras las investigaciones realizadas a raíz del análisis de información de diferentes Organismos se puedo comprobar que la sociedad investigada era una empresa aparente, que carecía de actividad real, y que las contrataciones y las altas que en ella se realizaban eran contrataciones y altas simuladas, acordadas entre la empresa y los trabajadores con el fin de que éstos pudiesen acceder a algún tipo de prestación o beneficio no procedente.
La citada empresa había generado una deuda con el Sistema General de la Seguridad Social de 225.290,84 euros.
A esta cantidad hay que sumarle las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los «trabajadores» tras cesar su actividad con la empresa, que asciende a 178.623,86 euros, por lo que la cantidad total defraudada asciende a 403.914,70 euros.
La actuación inicial de la Inspección Provincial, suspendiendo la percepción de prestaciones indebidamente generadas alcanzó los 169.993,35 ?, dinero que salió de las arcas de la Seguridad Social.
Además, a la empresa se le ha impuesto una sanción administrativa por importe de 565.639,50 euros, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.