La Policía Nacional ha desmantelado una red que defraudó más de un millón de euros a la Seguridad Social a través de la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros y ha detenido a 33 personas en distintas provincias españolas, la mayoría en Ciudad Real, pero también en Madrid, Córdoba y Jaén.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la captación de los trabajadores la realizaba personalmente el cabecilla de la red, un empresario de la construcción detenido, y tres intermediarios en reuniones de tipo religioso, generalmente del mismo núcleo familiar.
La investigación se inició a principios de enero a raíz de una información facilitada por la Oficina de Extranjeros de Ciudad Real, en la que se daba cuenta de la posible existencia de una empresa ficticia, sin ninguna actividad laboral, que estaría regularizando en nuestro país de manera fraudulenta a inmigrantes de distintas nacionalidades.
Tras una investigación exhaustiva sobre la citada empresa, pudo comprobarse que carecía de cualquier actividad laboral, y que el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros.
El empresario y sus colaboradores dieron de alta en su empresa fantasma a más 75 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 800.000 euros y otros 180.000 euros que se habría cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo y ayudas familiares.
El modus operandi era el siguiente: el cabecilla de la organización creaba una empresa ficticia con cuentas de cotización en diferentes provincias, con la única finalidad de obtener pingües beneficios económicos, que conseguía a través de los pagos mensuales que realizaban los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.
Los trabajadores, a su vez, se beneficiaban del cobro de las prestaciones sociales por desempleo de los fondos públicos, que realmente nunca habían generado, así como de la obtención de permisos de residencia a los que tampoco tenían derecho y, en una ocasión al menos, beneficios penitenciarios como el tercer grado.
Un gran número de los trabajadores detenidos no conocían personalmente al empresario y los pagos por el alta en la Seguridad Social y contratos de trabajo lo realizaban mediante giros nominativos de correos.
El cabecilla de la organización no hacía efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y su empresa no llevaba a cabo actividad laboral alguna y transcurridos unos meses los trabajadores eran despedidos, momento en que los mismos presentaban la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para cobrar las prestaciones.
De los 33 detenidos, 15 lo han sido en Ciudad Real, otros cinco en Madrid, ocho en Córdoba, cuatro en Sevilla y uno en Jaén, la mayoría con antecedentes policiales y con edades comprendidas entre los 26 y los 67 años.