La operación policial contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro que se ha saldado con 164 detenidos en 12 provincias, entre ellas Toledo, comenzó al detectarse que una empresa pasó de facturar 11 millones en 2008 a 1.000 millones en 2012.
Así se ha detallado en la presentación de esta actuación ante los medios, presidida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y que también ha logrado esclarecer un fraude de 1.000 millones de euros en facturas falsas anuales, de nueve millones en el impuesto sobre sociedades y de 10 millones en devoluciones del IVA.
Desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria, la intervención se ha saldado además con la incautación de 6,5 toneladas de oro y plata, 1,69 millones de euros en efectivo y 52 vehículos y dos barcos, y se han bloqueado cuentas y activos por más de 16 millones de euros.
El delegado especial de la Agencia Tributaria para la Comunitat Valenciana (donde se ha desarrollado el grueso de la investigación), Manuel Cabrera, ha afirmado que se trata de «una operación sin precedentes en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España».
Según ha desgranado Cosidó, la operación denominada «Plan oro» se inició en marzo de 2012 y supuso cerca de medio millar de operaciones culminadas en 2013, entre las que ésta es la de mayor relevancia.
La investigación vino motivada por la observación por parte de las autoridades, desde principios de 2010, de un destacado incremento de circulación de billetes de alta denominación, deducciones tributarias y «alta facturación» de determinadas empresas de compraventa de oro, como una de Valencia que pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012.
Por su parte, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, Alfredo Garrido, ha destacado que Valencia pasó de contar con 44 casas de compraventa de oro en 2010 a alrededor de 230 en 2012.
El entramado delictivo, formado por 180 empresas, aprovechó el auge, con la crisis, de la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas (como el timo de las ‘cartas nigerianas’), fraudes inmobiliarios e incluso del narcotráfico.
El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos.
Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales, la mayoría de ellas radicada en la Comunitat Valenciana.
Las investigaciones sobre este «complejo entramado» empresarial comenzaron en Valencia, donde además operaba el supuesto «cabecilla» de la trama, para extenderse luego a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.
En la base de la red se encontraban casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas, mientras que, por encima de ellas, funcionaban mayoristas y fundidoras que recibían, para exportarlo, el flujo de oro, plata y platino, que eran adquiridos y vendidos con registros y contabilidades falsas.
De forma paralela y como auxiliares, se hallaban seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese único fin.
Ignacio Cosidó ha señalado a la delincuencia económica como «objetivo estratégico» del Cuerpo Nacional de Policía, que vela así también por la «seguridad económica».
Ha hecho hincapié en la «importancia» de esta operación policial, en tanto en cuanto, incluyendo evasión de capitales y robo de joyas, la erradicación de estos delitos «contribuye a evitar que se distorsione, con trampas, nuestro sistema económico y a la superación de la crisis económica».