Cuatro personas de nacionalidad rumana y de una misma familia han sido detenidas en Albacete acusadas de dirigir una red dedicada a la explotación laboral de cerca de 200 compatriotas, a los que hacían venir de su país con la promesa de un contrato y unas buenas condiciones laborales.
La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía ha informado de estos arrestos en un comunicado remitido por la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, donde se explica que los afectados por la explotación laboral pueden ser cerca de 200 rumanos.
Los detenidos habrían formado un «entramado familiar» dedicado a la captación de trabajadores rumanos en su país de origen, con «promesas engañosas» sobre las condiciones de trabajo a realizar en España, donde realizarían labores de intermediación con empresarios del sector del ajo para cederles de forma ilegal mano de obra que controlaban los citados desde su captación.
La Policía Nacional empezó a investigar la posible existencia de esta red en mayo, ya que en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Albacete se estaba produciendo un muy alto número de trámites de ciudadanos rumanos que acudían para pedir el Número de Identificación de Extranjeros (NIE).
Ante el «sorprendente incremento» de rumanos pidiendo el NIE para trabajos de recolección agrícola del verano, los agentes distribuyeron folletos entre los usuarios folletos que explicaban sus derechos laborales y «teléfonos policiales a los que podrían llamar ante cualquier duda o problema que pudiera surgir en su actividad laboral».
Así fue cómo 18 rumanos acudieron a la Policía a contar que en su país habían sido «captados» por cuatro miembros de una misma familia y que a través de ellos habían venido a España un grupo de 42 personas para trabajar en la campaña del ajo «con unas atractivas condiciones económicas y laborales en las que se les prometía un contrato por varios meses, salarios de más de mil euros, alojamiento digno y manutención», además de pagarles el billete.
Sin embargo, al llegar a Albacete los denunciantes comprobaron que «las condiciones no eran las pactadas», pues eran alojados en una sola vivienda, sin habitaciones suficientes para todos, «hacinadas hasta seis personas en la misma habitación», y ocupando incluso habitaciones destinadas a despensa o cocina.
Además, se les cobraba alojamiento y manutención y se les adeudaba la mayor parte del trabajo, y encima una de las personas contó que «había sido objeto de agresión sexual por parte de uno de los miembros del clan familiar» que les llevó a formular la correspondiente denuncia en la Comisaría de Albacete.
La investigación policial ha sacado a la luz que además de ese grupo de 42 personas otro más de 90 rumanos señalaba un mismo domicilio en la localidad albaceteña de Balazote, coincidente con el domicilio del clan familiar investigado como responsable de los citados hechos.