El fiscal general de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha alertado de que el retraso de los juicios de violencia de género en la región hacen que se estén incumpliendo los plazos que marca la ley.
Fernández ha expresado que «la acción de la justicia en una acción tan sensible empieza a quebrar» lo establecido por la ley para estos procedimientos. Y es que ha subrayado que en estos casos los juicios sufren los mismos retrasos que en otro tipo de procedimientos, solo que para estos hay determinados unos plazos concretos.
En el 50% de los procedimientos no se resuelve el caso por juicio rápido en primera instancia, al no haber conformidad en el acusado, por lo que se remite al juzgado de lo penal. A pesar de que la ley establece que el juicio se tiene que desarrollar en 15 días, en los distintos juzgados de la región se producen retrasos de hasta cuatro meses.
«Los delitos de violencia de género sufren el mismo retraso que los demás», ha incidido el fiscal, quien ha explicado que es un riesgo para las víctimas que un juicio que se deba celebrar el 10 de noviembre se alargue hasta el 10 de febrero.
«Existe este problema, un problema de retraso muy grande», ha reconocido, lo que complica esa protección de las víctimas, porque a pesar de que se haya «declarado una medida de alejamiento, se está incumpliendo con la ley».