El único imputado por el incendio de Poyatos (Cuenca) en el que ardieron más de 1.800 hectáreas de monte en la Serranía de Cuenca, Lorenzo Ruiz, ha anunciado hoy que emprenderá «acciones judiciales» contra el ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y los responsables del servicio de emergencias 112 y del Seprona. En una rueda de prensa ofrecida en Cuenca, Ruiz ha leído un comunicado donde explica que ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Provincial le haya negado el acceso a las grabaciones de las llamadas al 112 del día 21 de julio de 2009, fecha en la que se inició el incendio y que considera prueba «fundamental» para demostrar su inocencia.
Por su parte, el abogado defensor, José María Castilla, ha argumentado que las acciones judiciales contra el exconsejero y resto de responsables se llevan a cabo «por haber ocultado, creemos que de forma deliberada, la hora real de aviso de inicio del incendio».
Y, en este sentido, ha indicado que las grabaciones de aviso al 112 demostrarían que se produjeron varios avisos al servicio de emergencias de Castilla-La Mancha alertando del incendio antes de la hora oficial, las 16:05 horas.
La determinación de una hora más temprana del inicio del incendio contribuiría a la exculpación definitiva de Ruiz, quien ha asegurado que hay personas que le vieron en la localidad de Tragacete poco antes del comienzo del fuego y también «a la hora en la que se supone que se inició éste, cortando leña en el paraje de Fuente la Sierra».
El letrado de la defensa solicitó al juez instructor la escucha de las grabaciones, prueba que fue denegada por el magistrado, pero que finalmente sí admitió la Audiencia Provincial.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha revocado varios meses después su decisión, un hecho sobre el que, según ha manifestado Ruiz (quien pasó tres meses en prisión preventiva en 2009), «es inconcebible que se me impida practicar una prueba fundamental para demostrar mi inocencia».
«Nadie quiere que se oigan las grabaciones de las llamadas, tampoco los tribunales de justicia quieren que se oigan», ha afirmado Ruiz.
Y ha concluido que esto es así «porque las responsabilidades penales de políticos, funcionarios públicos y miembros de la Guardia Civil e incluso de determinados miembros de la Administración de Justicia serían tan evidentes que su continuidad en los puestos sería un escándalo social y moral».