El jurado popular, que enjuicia el doble asesinato de la reyerta entre dos familias de etnia gitana en septiembre de 2010 de Valdepeñas (Ciudad Real), dará a conocer el veredicto a lo largo de la próxima semana tras escuchar hoy las conclusiones de las diferentes partes.
Por el doble asesinato de Sebastián M.M. y Ramón M.S. -padre e hijo- ocurrido en las cercanías de la Iglesia Evangelista de Valdepeñas el 22 de septiembre de 2010, se ha sentado en el banquillo José Mariano M.M., para quien el fiscal pide 40 años de cárcel.
Sus primos Antón F.M. y Juan A.A. han sido juzgados por el presunto asesinato de Ramón M.S. y se enfrentan a una petición de pena del fiscal de 19 años de cárcel para cada uno.
En la última y quinta sesión celebrada en la Audiencia provincial de Ciudad Real, el fiscal ha considerado probada su tesis inicial de que los agresores no tenían un «temor fundado» a las víctimas, por lo que no pueden alegar que actuaron en «legítima defensa».
En este sentido, el fiscal ha argumentado que tampoco ha quedado acreditado que las víctimas intentaran defenderse con armas, sino que, a su juicio, tanto el padre como el hijo fueron asesinados según el plan establecido por parte de los procesados.
Según el fiscal, las víctimas fueron abordadas de «forma violenta» por los tres acusados junto a otros miembros del clan familiar en las inmediaciones de la iglesia evangelista de la localidad.
Ante esta situación, Sebastián M.M. bajó de su vehículo portando una escopeta de caza que le fue arrebatada por familiares de los acusados.
Como consecuencia de la pugna, uno de ellos disparó de forma accidentada a otro en la pierna, que finalmente le fue amputada.
Acto seguido, según el Ministerio Público, Antón.F.M. apuñaló de forma «indiscriminada» a Ramón M.S, que se había apeado de su coche para socorrer a su padre.
Y en el suelo recibió «garrotazos» y «puñaladas» en el pecho por parte de Juan .A.A. y dos disparos «a escasa distancia» del principal acusado, José Mariano M.A., que le provocaron la muerte.
Este último acusado fue el encargado también de matar al padre, que se había alejado a una calle contigua y al que disparó con el mismo revolver en el corazón a una distancia de 70 metros.
Por su parte, la acusación particular ha suscrito el escrito del fiscal pero ha añadido que en ambos casos se causó un «dolor innecesario», por lo que ha solicitado un año más de prisión por cada uno de los delitos de asesinato por la agravante de ensañamiento.
El letrado de la familia de las víctimas ha negado el argumento de «defensa legítima» pues ha estimado que los acusados no habían sufrido «arañazo ni herida alguna».
Y ha incidido en que si verdaderamente se sentían amenazados «sólo tenían que haber huido del lugar de los hechos».
Las defensas, al unísono, han relatado los hechos desde la perspectiva de la «legítima defensa» y en intentar hacer ver al jurado que todos los hechos se han descrito desde la «venganza» de la familia de las víctimas.
En el turno de última palabra, los procesados han lamentado las muertes de Sebastián y Ramón, además, de la escalada de violencia que acabó con la quema de coches, saqueos e incendios en los hogares del clan familiar de los tres acusados, lo que motivó que cerca de 100 personas se trasladaran a otras localidades para evitar represalias.
El próximo lunes, 3 de diciembre, el jurado recibirá el objeto de veredicto para después retirarse a deliberar.