El Supremo ha confirmado la sanción por falta grave impuesta al guardia civil Francisco Javier G.P., coordinador regional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), por haber hecho declaraciones al periódico La Tribuna de Toledo vinculando la caída de las multas de tráfico con la bajada salarial.
En el artículo, titulado «La Guardia Civil de Tráfico rebaja su volumen de multas más de un 70 por 100», se decía que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) «asegura que no es una huelga de bolis caídos sino iniciativas individuales ante la baja salarial», todo ello basado en unas declaraciones de Francisco Javier G.P. como coordinador provincial del colectivo citado.
El guardia no solicitó rectificación de sus declaraciones al periódico y el director de la Guardia Civil le impuso una sanción de cinco días de suspensión de sueldo por falta grave cometida por hacer «cualquier manifestación contraria a la disciplina debida en la prestación del servicio».
El guardia recurrió contra la sanción pero ésta fue confirmada, de modo que recurrió ante el Supremo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la libertad de expresión.
El Supremo responde considerando que los tribunales revisaron el recurso del guardia contra la sanción realizando una suficiente actividad probatoria (aunque uno de los jueces formula un voto particular contra esta apreciación porque considera que se debió acreditar que las palabras publicadas fueron realmente las suyas).
En cuanto a la libertad de expresión, el alto tribunal reitera su doctrina sobre las limitaciones necesarias a este derecho, límites que en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, dice el Supremo, resultan necesarios para preservar la disciplina y la cohesión interna.