Una mujer fue encerrada en un chalé de la provincia de Toledo donde fue agredida sexualmente y sometida a todo tipo de vejaciones y amenazas, tal y como ha informado el Ministerio del Interior. Acto que se engloba dentro de una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la que se ha desarticulado un grupo criminal que «gestionaba la ocupación mafiosa de una urbanización en Madrid».

En un chalé de la provincia de Toledo y una detención en Cobisa

Hay cinco detenidos, quienes supuestamente obligaban a pagar una renta mensual a las personas que ocupaban viviendas de forma ilegal en la citada urbanización, «sembrando el terror y el desasosiego entre los residentes por sus métodos ante el retraso de los pagos o la sospecha de que fueran delatados ante las autoridades».

Y ahí entra en escena la citada vecina, de la que sospecharon que podía estar facilitando información a las autoridades, por lo que la encerarron en un chalé para agredirla sexualmene.

Además, una de las detenciones se produjo en Cobisa, también en la provincia de Toledo.

La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil se denominó «Mate Hortelano» y el grupo criminal se dedicaba a gestionar «la ocupación mafiosa de una urbanización de apartamentos en Madrid. Los integrantes amenazaban a los residentes de los apartamentos con armas de fuego que llegaron a utilizar contra dos inquilinos que no habían pagado sus rentas mensuales, disparándoles en la rodilla por su ‘conducta inadecuada’. Y han sido detenidos las cinco personas que alquilaban las viviendas y obligaban a los inquilinos a pagar una cantidad de dinero al mes».

La operación la llevaron a cabo agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, que contaron con la colaboración de los GEO y de la Usecic de Toledo.

Las investigaciones comenzaron en junio del pasado año, cuando los agentes conocieron que en la citada urbanización se producían coacciones, amenazas y agresiones a residentes de la misma. Se averiguó que las viviendas eran propiedad de una sociedad y que había alquilado de forma legal varios de los apartamentos, pero otros estaban vacíos y ocupados de forma ilegal, por lo que llegaron a un acuerdo con un ciudadano español para que se encargara del cuidado y la protección de la totalidad de la finca. Pero esta persona comenzó a realquilar de forma ilegal los apartamentos vacíos, quedándose con las rentas del alquiler y obteniendo así un beneficio extra e ilegal por la gestión irregular de la finca.

Sembraron el terror entre el vecindario

Y para afianzar su negocio, que era tan lucrativo, contactó con un grupo criminal que comenzó a utilizar la violencia para extender el miedo entre todos los residentes. «Además de sembrar el terror entre el vecindario, también tenían amedrentado al personal que trabajaba en la urbanización con el objeto de evitar ser denunciados a las autoridades».

Llegaron incluso a disparar en la rodilla a los moradores que no hacían el pago mensual. Los diparos fueron en abril y agosto de 2017, siendo uno de ellos localizado por una patrulla que acudió al lugar tras ser alertada por sus vecinos tras oír una detonación. Y siguiendo el rastro de sangre, los agentes llegaron hasta una vivienda donde la víctima se retorcía de dolor sin intención alguna de ser asistido por el miedo que tenía a los arrestados.

Fue en ese momento cuando los detenidos, «ante la sospecha de que una vecina estaba facilitando información a las autoridades, la encerraron en un chalé de la provincia de Toledo, donde la agredieron sexualmente».

Con toda esa información, los agentes establecieron el dispositivo operativo para desmantelar el grupo criminal y debido a la extrema peligrosidad fue necesaria la intervención del Grupo Especial de Operaciones, deteniendo a cinco personas (dos de origen español, dos eslovenos y un croata). Y una de esas detención fue en Cobisa.

A los cinco detenidos se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas, agresión sexual, detención ilegal, amenazas, robo con violencia e intimidación, y pertenencia a un grupo criminal. Se han intervenido dos armas de fuego largas y una corta, documentación relevante y una moto robada con las placas dobladas.