Efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil de Toledo, con apoyo de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Illescas, en el marco de la operación “Verseña” investigaron el pasado 1 de febrero a un hombre de 66 años como representante de varias empresas que presuntamente se dedicaban al vertido de residuos en una antigua cantera situada en el término municipal de Seseña (Toledo).
Las empresas investigadas llevaban realizando desde al menos 2013 vertidos sistemáticos de una gran variedad de residuos en la antigua cantera, actuando como gestores de residuos mediante eliminación por depósito en vertedero, careciendo totalmente de autorización alguna para ello. Para el vertido de residuos y su posterior enterramiento se utilizaba maquinaria pesada, llegando a generarse un vertedero ilegal de un gran volumen y extensión.
Cobraban una cantidad de dinero sustancialmente inferior
Además, por permitir el vertido de residuos en su cantera, las empresas investigadas cobraban una cantidad sustancialmente inferior a lo que se cobraba en otros centros autorizados de gestión de residuos.
Debido al modus operandi, consistente en el vertido continuado en el tiempo y posterior enterramiento de una tipología muy variada de residuos (plástico, madera, escombros, hierro etc…) entre los que se encuentran residuos peligrosos (neumáticos fuera de uso, filtros y envases de aceite de motor, envases de pintura, disolventes y aceites vegetales, filtros de maquinaria pesada etc…), y debido a que la cantera se trata de un antiguo hueco minero, donde posiblemente se llegó muy cerca del nivel freático durante la fase extractiva, queda patente que dichas actuaciones son susceptibles de causar un daño al suelo con posible afección a las aguas subterráneas.
Podría conllevar penas de prisión de seis meses a dos años
En esta investigación ha sido muy relevante los informes proporcionados por los técnicos de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, los cuales apoyan y avalan las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Protección de la Naturaleza con sus informes y actas, así como las inspecciones e informes de la Policía Local de Seseña, por lo que se considera una investigación donde la coordinación entre administraciones ha sido fundamental.
Conforme al Código Penal la persona investigada, como presunta autora de un delito de contra los recursos naturales y el medio ambiente al llevar acciones susceptibles de causar un daño al suelo y a las aguas, se enfrenta a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.