La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de fraude del IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados en una operación contra una organización que operaba en Castilla-La Mancha y habría introducido en España vehículos por valor de 18 millones de euros, defraudando 3,5 millones de cuotas del IVA en dos años.
Vendían los coches sin pagar impuestos
Según una nota del Ministerio de Hacienda de este jueves, la organización criminal, mediante un «entramado de sociedades instrumentales ficticias«, introducía vehículos procedentes de la Unión Europea que después vendía en España «a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos».
En la operación se ha detenido a cuatro personas, los responsables de la organización, que operaba en Castilla-La Mancha, así como sus cómplices, poniéndose a disposición judicial a todas ellas.
Detenidos en Tomelloso y Hellín
Las detenciones tuvieron lugar tras cinco registros domiciliarios en Tomelloso (Ciudad Real) y Hellín (Albacete) en los que se ha intervenido abundante documentación y 20.000 euros en efectivo.
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Según detalla Hacienda, hacían uso del «fraude carrusel», por el cual sociedades ficticias españolas, las «truchas introductoras», simulaban adquirir directamente de proveedores europeos vehículos usados, ya matriculados en el país de origen, mediante entregas intracomunitarias de bienes en régimen general del IVA, con lo que se adquieren exentos del IVA.
Después, estas «truchas introductoras» venden los vehículos a las distribuidoras, pero sin ingresar en las arcas públicas el IVA devengado en sus ventas y repercutido expresamente en sus facturas a las distribuidoras, que sí se deducen un IVA repercutido no ingresado por las «truchas introductoras».
De esta forma, las entidades distribuidoras venden vehículos a un precio muy inferior.
Para dificultar su detección, periódicamente las sociedades «truchas» eran sustituidas por nuevas empresas.
Los hechos tuvieron lugar entre 2021 y el primer trimestre de este año.
De acuerdo con la nota, los directores de las distribuidoras controlaban las «truchas introductoras» y canalizaban formalmente las adquisiciones de vehículos usados a los proveedores de la UE a través de ellas, «por lo que su interposición era una mera apariencia».
Así, Hacienda concluye que «todo el proceso de compra de los vehículos en origen se realizaba y controlaba por los mismos responsables».
Según informa, este tipo de fraude se produce en más países de la UE, lo que provoca «pérdidas de ingresos tributarios» y distorsiona los precios de los sectores económicos afectados.