El juicio por un supuesto delito de abusos sexuales de un padre hacia su hija menor ha quedado hoy visto para sentencia después de la segunda sesión celebrada en la Audiencia Provincial de Toledo, sesión en la que las partes han presentado sus conclusiones con peticiones que van desde los 10 años de cárcel de la Fiscalía y la acusación particular, hasta la libre absolución que solicita el abogado defensor.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han basado sus argumentaciones en la «credibilidad» del relato de la menor, alegando que -según sentencias anteriores- «en muchas ocasiones el testimonio de la víctima es la única prueba». Entienden que la niña -que tenía 11 años cuando en 2013 denunció los abusos que supuestamente venía sufriendo desde hacía años en un chalet de Yuncos (Toledo), donde pasaba los fines de semana con su padre- ha sido persistente en el tiempo en cuanto a la criminalización del padre, su narración ha sido «coherente» y «no ha entrado en contradicciones».
Puntualizan que lo que hubo en 2014 fue una modificación de la primera denuncia interpuesta en febrero de 2013, ya que en esta segunda la menor contó que también había sido víctima de penetraciones anales con el pene y no solo digitales, tal y como sostuvo en un primer momento. «No es que la niña se contradijese, lo que hizo fue ampliar los hechos», comentaba la abogada de la acusación particular, letrada que ha señalado que la menor acabó normalizando los abusos y que estos se produjeron en un entorno íntimo. Ha defendido que, a pesar de la petición de custodia que presentó el padre en 2013, «éste realmente no quería la patria potestad» porque «no compareció en el juicio» que se celebró por tal causa.
[ze_summary text=»La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 10 años de cárcel «]La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 10 años de cárcel [/ze_summary]La fiscal ha hecho hincapié en que el hecho de que en las exploraciones médicas la niña no presentase lesiones a causa de las violaciones no es sintomático de que no se hubiesen producido ya que, recordando las declaraciones de ayer de los peritos, «no siempre estos abusos dejan lesiones». Para la acusación pública resultó significativa igualmente la versión ofrecida por la amiga a la que la menor contó por primera vez los supuestos abusos, también «que haya sido testigo de una relación entre padre e hija que no era normal».
Sostiene, igualmente, que la mala relación entre los progenitores y la conflictividad del entorno de la menor «carecen de consistencia» para argumentar -tal y como propuso la defensa- que la menor podría haber sido instigada por la madre para acusar en falso al padre.
La Fiscalía y la acusación mantienen su petición de 10 años de cárcel para el procesado por un delito de abusos sexuales continuados; una indemnización de 6.000 euros; la privación de la patria potestad; y la prohibición de acercarse a la menor a una distancia inferior a 500 metros respecto de su domicilio y cualquier lugar que la menor frecuente y de comunicarse con ella por cualquier procedimiento durante 12 años. Además, el ministerio fiscal solicita libertad vigilada por 10 años tras el cumplimiento de la condena.
La defensa alega la falta de lesiones en la menor
Por su parte, la defensa pide la libre absolución del acusado, alegato que ha hecho en virtud de los informes de los médicos en los que se pone de manifiesto que la menor no presenta lesiones por las supuestas violaciones que declara. Ha aseverado que «la niña indicó que tres días antes de la denuncia había sido violada analmente por su padre, sin embargo en el hospital no vieron nada destacable como para hacerle un estudio más pormenorizado que así lo corroborara». Cree que no se sostiene que días después de haber sufrido algo así, y «de la gravedad con la que dice la menor que ocurrió todo», no presentase ningún tipo de lesión, «cuando hay niñas a las que estas lesiones por violación se mantienen visibles pasados varios años».
Considera que, a lo largo del tiempo, la menor no fue coherente a la hora de señalar las veces que había sido violada ya que «al principio dijo que había ocurrido alguna vez, luego que muchas veces y finalmente comentó que era algo que pasaba muy a menudo».
[ze_summary text=»La defensa se ha referido a que la familia de la madre tenía obsesión por que el padre entrase en la cárcel»]La defensa se ha referido a que la familia de la madre tenía obsesión por que el padre entrase en la cárcel[/ze_summary]La defensa se ha referido a que la familia de la madre tenía «obsesión» por que el padre entrase en la cárcel, siendo numerosas las veces que así lo solicitaron. «Tras una primera denuncia y pasado un año, como vieron que no entraba en prisión, presentaron la segunda demanda», demanda que, estima, está llena de exageraciones y donde se producen «nuevas invenciones que no tienen encaje».
Frente a los argumentos de la acusación sobre la coherencia del relato de la menor, el abogado del padre apunta que existen otros informes psicológicos que no dan credibilidad a la hija, por lo que «no existe rotundidad en las acusaciones que hace». Afirma que esa credibilidad fue puesta en entredicho cuando la madre acudió con su hija al Centro especializado de Intervención en abuso sexual infantil de Madrid (Ciasi), institución en la que la progenitora pidió un cambio de psicóloga y donde «no acudió a las citas» porque «se puso nerviosa al ver que ahí no le estaban dando la razón».
En términos generales, opina que «se ha querido dar una pátina de libidinosidad a actos como dar un beso en la boca a una hija, darle un cachete en el culo o regalarle unas flores». También al hecho de que el padre fuese controlador con la hija «y no le dejase tener novio con nueve años de edad».
Para la defensa es importante que todo esto ocurriese en un entorno de «fuerte conflictividad», en el que la hija «estaba desatendida por parte de su madre», quien «la dejaba sola en casa por las noches para ir a trabajar o salir de marcha», motivos estos por los que «el padre llevó a la niña a un psicólogo y pidió la custodia».