La Fiscalía de Cantabria ha archivado la denuncia contra Ignacio López del Hierro por apropiación indebida y falsedad documental, al considerar que «las iniciales sospechas formuladas han quedado desvirtuadas» durante la investigación.
En un escrito el fiscal superior de Cantabria subraya que ha quedado probada la relación laboral de López del Hierro con Bancantabria Renting, sociedad de Liberbank para la que realizó labores de asesoramiento.
López del Hierro fue denunciado por apropiación indebida y falsedad documental ante la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Díez, exconsejero y responsable en Cantabria del sindicato Comfia-CCOO, y un trabajador de la entidad, Francisco Manuel Hernández Aja, pero los hechos fueron remitidos posteriormente a la de Cantabria.
Según los denunciantes, López del Hierro cobraba 7.000 euros al mes de Bancantabria Renting sin trabajar en realidad para ella.
Pero la Fiscalía cree que la relación laboral queda probada con varios correos cruzados entre López del Hierro y miembros de la entidad entre marzo y junio de 2012.
También lo demuestra el testimonio de un guardia de seguridad, que aseguró que visitaba «de manera frecuente» las instalaciones de Liberbank para asistir a «reuniones de trabajo», así como la copia de los contratos, el primero de los cuales data de noviembre de 2011.
Aunque el administrador único de Bancantabria Renting, Antonio Huesca, no firmó el contrato, el Ministerio Público avala que lo hiciera el director de Área de Liberbank, Felipe Fernández, por tener las facultades para ello, ya que al tratarse de un SIP, la entidad central tenía traspasado todo el negocio financiero de sus participadas.
«SE PRUEBA LA RELACIÓN LABORAL»
Sobre el objeto y las prestaciones del contrato, el escrito señala que «a pesar de que se presenta un formato estándar de asesoramiento que no delimita estrictamente el contenido del mismo», se detalló en la novación posterior, con lo que se «prueba la existencia de relación laboral entre las partes contratantes».
Por lo tanto, «las iniciales sospechas formuladas en la denuncia han quedado desvirtuadas por los elementos fácticos acreditados en las diligencias practicadas, resultando procedente el archivo de las presentes diligencias sin formular denuncia ni querella ante el Juzgado de Instrucción», afirma el fiscal.
Asimismo, advierte a los «perjudicados u ofendidos» de que podrán denunciar ante el Juzgado correspondiente.
En el mismo sentido, se pronuncia sobre otra denuncia presentada por CCOO contra el exsecretario de Estado de Energía Fernando Martí y su esposa por haber cobrado de Liberbank 12.500 euros mientras este desempeñaba su cargo público y sin que existiera un contrato con la empresa de la que eran socios ni alguna prestación de servicios que lo justificara.
También en este caso, el fiscal avala que «efectivamente» se firmó un contrato y que en el «momento de perfeccionarse» Martí no ejercía ningún cargo público que le impidiera ejercer labores de asesoramiento, y concluye que las prestaciones realizadas «no son constitutivas de ningún ilícito penal».
«La certeza de la fecha y la veracidad del contenido de las prestaciones resultan indubitadas por la existencia de los correos recibidos que acreditan cómo dicha persona, a lo largo de esos casi dos meses, trabajó como asesor para el grupo Liberbank», asegura el escrito.
Además de estas denuncias, la Fiscalía de Asturias abrió diligencias tras la que interpuso Alfonso Díez por delito fiscal contra dos consejeros de Liberbank que cobran la prestación por desempleo a la vez que su retribución por su cargo.
Jesús María Alcalde y Encarnación Paredes se prejubilaron con el ERE planteado el año pasado en la entidad y posteriormente fueron designados consejeros, algo que Díez considera «irregular», aunque desde Liberbank defienden la legalidad de la situación y señalan que el expediente establecía como parte de la indemnización la propia prestación por desempleo.
Tras la interposición de la denuncia, ambos consejeros comunicaron por carta al presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, que donaran a la obra social de la entidad las prestaciones por desempleo recibidas y las futuras.