La fiscalía ha aumentado de 20 a 23 años de cárcel la pena solicitada inicialmente para los principales acusados del atraco mortal de Santa Cruz de Retamar (Toledo) ocurrido el 4 de mayo de 2012 tras escuchar las declaraciones de los peritos.
En sus conclusiones definitivas, la fiscal del caso considera que Rafael G.T., de 58 años, y Manuel I.C., de 27, son autores de un presunto delito de asesinato y no de homicidio por la muerte de un disparo de Mercedes Martín Cabrero, la señora encargada de la limpieza.
Los tres acusados, en el centro, custodiados por dos policías.
Por ello, la fiscal pide 18 años de cárcel para cada uno de ellos por un delito de asesinato en vez de 15 por homicidio como solicitó inicialmente, además de tres años y cinco meses por robo con violencia en grado de tentativa (los atracadores no lograron el botín de la caja fuerte) y otro año y medio por tenencia ilícita de armas.
La fiscalía ha modificado el relato de los hechos al entender que la mujer murió de un disparo a quemarropa cuando Rafael la sujetaba por el cuello por la espalda con la pistola en mano y sin que pudiera defenderse.
Para el tercer acusado, Ricardo G.H., que esperaba en la furgoneta a los asaltantes para huir y que ha pasado catorce meses de cárcel por estos hechos, mantiene tres años y cinco meses por el atraco frustrado.
Las defensas de Rafael y de Manuel han criticado que la fiscal haya modificado el relato de los hechos por crear «indefensión» en los acusados y se han remitido a las sentencias emitidas en este sentido por el Tribunal Constitucional.
La petición de la fiscalía para que el tribunal aumente las penas para los principales implicados se ha producido después de que comparecieran los peritos en balística y los forenses, que han puesto en entredicho la versión dada por Rafael, autor del disparo mortal.
Así, los peritos del Departamento de Balística de la Guardia Civil que analizaron las armas que portaron los atracadores han señalado que la pistola de la marca Glock que disparó Rafael es un arma de última generación que tiene un mecanismo de seguridad preparado para que el arma no se dispare de forma accidental.
«Si no se presiona el disparador esa arma no se dispara», han dicho los peritos, que han declarado por videoconferencia en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Toledo contra los tres acusados del atraco de la Caja Rural de Santa Cruz de Retamar.
Respecto al arma de la marca BBM que llevaba el acusado Manuel I.C., han explicado que no llevaba munición cuando les fue entregada para su análisis, que la pistola se había trocado para variar su calibre y que se rompió al séptimo disparo durante las pruebas de funcionamiento que hicieron los agentes de la Guardia Civil.
Por su parte, los forenses que analizaron el cadáver de Mercedes Martín Cabrero han declarado que murió desangrada al afectarle la bala al corazón y que el disparo se hizo a quemarropa, a menos de dos o tres centímetros, aunque no han podido precisar si el disparo se efectuó o no de forma intencionada.
La exposición oral de las conclusiones ha sido aplazada para el miércoles, 29 de enero, a petición del abogado de Rafael, quien considera que será difícil demostrar que se trata de un asesinato, mientras que el letrado de Manuel también considera que no hay pruebas que avalen la tesis de la fiscalía.
El abogado de Rafael considera que su cliente cometió, en todo caso, un delito de homicidio imprudente (penado con entre 1 y 4 años de prisión), mientras que el letrado de Manuel entiende que a su cliente solo se le puede culpar de atraco frustrado y de tenencia ilícita de armas con las atenuantes de arrepentimiento, colaboración con la justicia, drogodependencia y reparación del daño, ya que ha entregado 7.000 euros a la familia de la fallecida.