La mayoría de las familias de las víctimas del incendio de Guadalajara de 2005 renunciarán a seguir con la reclamación que por la vía civil tienen planteada a la Junta en los tribunales tras la propuesta parlamentaria que establece indemnizaciones a los familiares de la tragedia. Los abogados Miguel Solano y Carmen Martínez de Tejada, que representan a ocho de las 11 familias de las víctimas, se han referido así en rueda de prensa a la proposición de ley del PP en las Cortes regionales que propugna honrar la memoria de las víctimas de aquel incendio e indemnizar a sus familiares con cantidades que van entre 42.701,5 y 102.483,64 euros.
Solano ha dicho que la aceptación de estas indemnizaciones supone la renuncia al proceso de solicitud de responsabilidad patrimonial a la Junta de Comunidades que mantienen abierto por la vía civil.
«Estas indemnizaciones no nacen del delito, sino de la culpa, que en la vía civil se llama responsabilidad patrimonial», ha especificado Solano, que ha aclarado que, hasta la fecha, las familias de las víctimas no han recibido «ni un duro» de la Administración regional.
La proposición de ley que se debatirá en las Cortes Regionales contempla indemnizaciones económicas dependiendo de la relación de parentesco y reconoce algunos aspectos que hasta ahora se les habían negado.
Entre ellos, que los medios que se pusieron en marcha para sofocar el incendio eran «ineficaces para su control» y que, en las primeras horas previas a la tragedia, que concluyó con la muerte de 11 miembros del retén de Cogolludo, «fueron necesarios muchos más medios de los que hubo».
Según ha afirmado Martínez de Tejada, «las indemnizaciones nunca fueron el objetivo de principal de las familias, que siempre abogaron por que la Administración reconociera los errores cometidos».
También se recoge en el texto de la proposición parlamentaria el hecho de que «el uso del fuego estaba permitido en la zona donde se inició», así como que «el uso de las barbacoas era legal» y que el entonces delegado provincial de Agricultura en Guadalajara, Sergio David Cabellos, «tenía la potestad de haberlo prohibido».
Solano ha recordado que en 2008 a punto se estuvo de llegar a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente José María Barreda, que incluía pagos de mayor cuantía y reconocimiento de errores, pero que se desestimó al no existir consenso entre todas las familias y porque estaba aún abierta la vía penal que concluyó con la condena a dos años de cárcel para uno de los tres excursionistas.