Los acusados de regentar un club de alterne en Tarazona de la Mancha (Albacete) en el que se obligaba a mujeres de nacionalidad rumana a ejercer la prostitución se han confesado culpables y han aceptado 15 años de prisión por un delito de trata de seres humanos y otro de prostitución coactiva.
El juicio se ha celebrado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, y aunque se había programado para tres días, se ha cerrado tras una hora de negociación entre las partes con un acuerdo que supone una sentencia firme para tres de los cuatro acusados, pues uno de ellos no ha comparecido y está en busca y captura.
Quienes sí han asistido, por estar en prisión provisional, son el matrimonio de nacionalidad rumana Gheorghe S.D. e I.M., y también el polaco Konstanty K., acusado de participar en la trama que, hasta febrero de 2015 que actuó la Policía Nacional, trajo a mujeres jóvenes de Rumanía, para «obligarlas a trabajar como prostitutas».
Las mujeres llegaban con engaños a España, ya que los miembros de la trama les ofrecían trabajar en tareas de limpieza, con «hospedaje y manutención gratuitos».
El viaje desde Rumanía a Albacete se hacía en autobús y el acusado Gheorghe S.D. controlaba el traslado, recogía a las mujeres en la capital albaceteña y las llevaba a Tarazona, si bien los miembros de la organización pagaba los billetes, de forma que desde el principio, las jóvenes rumanas «se convertían en deudoras» de los acusados.
Además, los acusados agredieron y golpearon a las chicas que se negaban a mantener relaciones sexuales, mientras que la documentación de cada una quedó custodiada por los procesados, para que «no se pudieran alejar».
Una de las jóvenes amenazó a sus captores con «suicidarse con un cuchillo» si no la dejaban marcharse, de forma que le dejaron irse advirtiéndole que «sería mejor para ella si no contaba nada de lo que había pasado».
Los tres acusados que han comparecido solo han hablado para reconocerse culpables y responder al magistrado presidente de la Audiencia que quieren cumplir las penas de cárcel en España, no en sus países de origen.
Las condenas propuestas y acordadas entre los letrados de la defensa y el fiscal suman 35 años de prisión, aunque el fiscal ha explicado que «hay que aplicar el límite del triple de la pena más grave», con lo que el cumplimiento efectivo serían 15 años.
La sentencia también incluirá la indemnización de 6.000 euros para una testigo protegida de los hechos, una de las chicas rumanas que denunció los hechos a la Policía desde Rumanía.
Como resultado del juicio, se considera probado que hubo al menos cinco víctimas de la explotación sexual.