Las acusaciones han pedido cinco años de prisión para el exdirector de una oficina bancaria de Las Herencias (Toledo) por haber estafado a un matrimonio del municipio 110.300 euros en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo. La defensa, por su parte, solicita su libre absolución.
El fiscal y la acusación particular han considerado que ha quedado probado que el procesado, Félix A.M., falsificó durante años la firma del matrimonio formado por Emilio J.C. y María del Prado S., aprovechando la confianza que tenían en él sus clientes por su relación familiar, a los que estafó 110.300 euros a través de la formalización de operaciones de crédito sin su consentimiento expreso y falsificando su firma.
Según ha relatado el matrimonio, tenían plena confianza en el acusado, que era director de la oficina de la extinta Caja Castilla-La Mancha en Las Herencias, por lo que prácticamente se encargaba de gestionar sus cuentas y de meter en ellas el dinero que ganaban en el negocio de estanco y bar que regentan en el pueblo, ya que incluso tenía sus libretas bancarias.
Asimismo, ambos han asegurado que nunca iban a la sucursal bancaria, sino que las operaciones las hacían en el bar y que no firmaron ninguna de las operaciones bancarias que supuestamente realizaron entre los años 2006 y 2010, sino que se limitaban a firmar las cartillas cuando se acababan las anteriores, sin fijarse en las cantidades debido a la confianza que tenían con el procesado.
Pero Félix A.M. ha dicho que nunca ha falsificado ninguna firma y que todas las pólizas habían sido firmadas por sus clientes y en una notaría de Talavera, lo que ha sido negado por el matrimonio presuntamente estafado.
Sin embargo, los tres peritos de la Policía Nacional que han comparecido en el juicio han explicado que las firmas de los clientes que figuran en los documentos son falsas y han puntualizado que aunque hay rasgos que apuntan a que la autoría puede ser de Félix A.M., no se le pueden atribuir con un 100 por 100 de certeza.
«Soy totalmente inocente» ha afirmado el acusado, que ha achacado que sus antiguos clientes presentaran la denuncia contra él porque querían «sacar dinero», ya que ha aseverado que «siempre estaban en número rojos y en descubierto permanentemente» y por ello solicitaban las líneas de crédito.
Este argumento ha sido rebatido por el abogado de la acusación particular, que ha señalado que los pequeños negocios que regentan no tienen necesidad de pedir crédito, ya que fundamentalmente lo que obtienen es dinero en efectivo, que daban al acusado para que él los metiera en sus cuentas.
A su vez, el fiscal se ha referido a las dos versiones contrapuestas que han dado acusado y víctimas, pero ha subrayado que el informe pericial no deja margen de duda, en el sentido de que «ninguna de las firmas ha sido realizada por estos señores».
El representante del ministerio público ha señalado que se ha acreditado la existencia de documentos mercantiles falsos y también un delito continuado de estafa, por lo que ha pedido una condena de cinco años de prisión para el acusado y que indemnice a las víctimas con 110.300 euros, así como que Liberbank (entidad en la que se integró CCM) sea responsable civil subsidiario.
Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del procesado, ya que no se ha demostrado que fuera el autor de las firmas falsas y además su firma solo aparece en una de las operaciones de crédito, mientras que otras aparecen firmadas por otros empleados de la entidad bancaria.
Asimismo, la abogada defensora ha solicitado que en el caso de que se le considere culpable, sea por un delito de apropiación indebida y no de estafa, ya que el primero se basa en un exceso o abuso de confianza y el segundo en el engaño.