El fiscal ha pedido tres años y seis meses de prisión para el abogado Pedro Pablo C.F. como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, por quedarse con el dinero de compañías aseguradoras a las que representaba, en el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Toledo.
El representante del ministerio público ha considerado que en la vista oral ha quedado acreditado que el procesado se quedó desde el año 2002 con un total de 43.987,26 euros que tenía que haber dado a varias compañías aseguradoras con las que trabajaba.
Según han mantenido tanto el fiscal como la acusación particular, el procesado incorporó ilícitamente a su patrimonio este dinero procedente de resoluciones judiciales, que tendrían que haber dado a las aseguradoras con las que trabajaba, las cuales le habían entregado poderes notariales para cobrar estas cantidades.
Le han imputado haberse quedado con el dinero de cuatro cobros de aseguradoras que actualmente están dentro de la compañía Caser y que no hizo llegar a sus destinatarios, entre los que sobresale uno de 20.145,45 euros que ingresó a través de un cheque nominativo.
Este es el único pago, de los cuatro, que el procesado ha admitido que no hizo a su destinatario en la vista oral y lo ha achacado a un error de su despacho.
Así lo ha destacado también su abogado defensor, que ha afirmado que por esa época el despacho del procesado llevaba una gran cantidad de asuntos y ha señalado que está dispuesto a devolverlo.
La defensa ha señalado que en los otros tres casos no ha quedado acreditado que el procesado no enviara el dinero a las aseguradoras, por lo que ha solicitado la libre absolución del acusado.
Este argumento no ha sido compartido por las acusaciones, que han subrayado que así se ha demostrado en los testimonios de los procuradores judiciales que han comparecido como testigos en la vista oral, que han asegurado que enviaron el dinero procedente de los juzgados al procesado como intermediario con las aseguradoras.
El fiscal y la acusación particular han entendido también que en este caso concurren las agravantes de abuso de relaciones profesionales y personales del procesado con las aseguradoras que le habían otorgado su confianza y de continuidad delictiva.
Por este motivo, han pedido que sea condenado a tres años y medio de prisión y a pagar una multa de 12 euros al día durante nueve meses, así como las costas procesales y a que sea inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado durante el tiempo de la condena.