Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, han detenido a 70 personas e imputado a otra más en varias provincias castellanomanchegas por una presunta estafa a la Seguridad Social cometida al hacer contratos falsos.
El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, ha dado cuenta de esta operación, que se ha saldado con 64 detenciones y una imputación en la localidad de Tomelloso y el resto en otras provincias de Castilla-La Mancha por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.
En la denominada operación «Magrib» se detectó la existencia de dos empresas domiciliadas en Tomelloso (Ciudad Real) que carecían de actividad real y que presuntamente habrían dado de alta en la Seguridad Social de manera fraudulenta a numerosos trabajadores.
Ambas empresas han generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 305.000 euros, a los que se suman otros 380.000 euros de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los trabajadores tras cesar en la actividad con las citadas empresas.
El subdelegado ha indicado que al empresario artífice de la estafa se ha impuesto una multa de 3,9 millones de euros.
De los 70 detenidos, 45 son españoles, 18 marroquíes, seis rumanos y uno paraguayo.
Según ha relatado Fernando Rodrigo, la Inspección de Trabajo de Ciudad Real se puso en contacto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de comprobar la existencia de irregularidades en estas empresas.
Fue entonces cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron las comprobaciones necesarias que determinaron la existencia de una «mafia» en torno a la contratación de los trabajadores.
El responsable de la trama había establecido dos empresas ficticias, asentadas en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), con las que simulaba la existencia de relaciones laborales con fines fraudulentos y que carecían de una actividad real.
El fraude era doble, según ha señalado el subdelegado del Gobierno, por una parte, los empresarios suscribían numerosos contratos de trabajo y las correspondientes altas en el sistema de la Seguridad Social a falsos trabajadores que, a cambio, debían abonar determinadas cantidades.
Por otra parte, los falsos trabajadores obtenían un contrato de trabajo y permanecían dados de alta unos meses en la Seguridad Social, tras lo cual, se beneficiaban del cobro de prestaciones sociales por desempleo de unos fondos públicos que nunca habían generado.
Los trabajadores extranjeros obtenían, además, permisos de residencia amparándose en dichos contratos de trabajo.
El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real ha señalado que esta actuación se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y del Interior, para coordinar las actuaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la seguridad social, como consecuencia del cual se crearon los Grupos Operativos Mixtos (Gomix).
Las diligencias judiciales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tomelloso, que se ha hecho cargo del caso.