El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Talavera de la Reina ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 1.875.000 euros a José Luis Lugones, el recaudador de impuestos denunciado por la presunta malversación de caudales públicos de una decena de ayuntamientos de la comarca talaverana.
El alcalde de Navalcán y abogado de nueve de los diez municipios afectados, Manuel Arroyo, ha indicado a EFE que el Juez dictó auto el pasado viernes 25, en el que dispuso que Lugones presentara esa cantidad en un día en la cuenta del Juzgado o, de lo contrario, se decretaría el embargo de sus bienes.
El abogado del recaudador, Ignacio Serrano, ha asegurado a EFE que no van a recurrir y que aceptan el auto dictado por el Juez, quien ha pedido una fianza de lo que debe Lugones, 1.400.000 euros, más una tercera parte, como dicta la Ley.
Según Serrano, el recaudador no puede pagar la fianza porque «no tiene dinero», de ser así, habría saldado su deuda con los Ayuntamientos, pero ha puesto «su patrimonio por entero a disposición del Juzgado».
El abogado ha recordado que Lugones se ha declarado «único responsable de estos hechos» y que está deseando devolver y pagar cuanto antes todo el dinero a las diez localidades perjudicadas.
Para ello, todos los meses ingresa en la cuenta de consignaciones del Juzgado entre 1.500 y 2.000 euros con la ayuda de sus familiares y el rescate de planes de pensiones, que ha permitido el ingreso hace unos días de más de 55.000 euros.
Además, Serrano ha resaltado que intentará proceder a la venta de sus bienes inmobiliarios, «a pesar de que ahora los precios se han devaluado mucho y de que hay pocos compradores».
«Lugones está haciendo un esfuerzo para devolver el dinero», ha señalado Serrano, quien ha añadido que posiblemente a finales de mayo se pueda hacer «un primer reparto a los municipios afectados».
El recaudador, que ingresó en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) el pasado 9 de abril, tenía pendiente la liquidación de 2013 de trece Ayuntamientos de los que solo pudo liquidar a tres porque, como explicó su abogado cuando se conocieron los hechos, «mezcló» su patrimonio familiar con la recaudación de estas localidades.