La Sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha celebrado este jueves el juicio contra la exconcejala de Vox en el municipio de Parla, Ana González, y otros tres encausados, L.M.M., I.G.L. y M.C.F.S., acusados de un delito de tráfico de drogas. Un juicio que ha concluido con un acuerdo de conformidad tras la admisión de culpa por parte de los acusados y una reducción de la petición de condenas por parte de la Fiscalía.
De esta forma, la Fiscalía ha solicitado una pena de 3 años de prisión para el acusado L.M.M. por un delito de tráfico de drogas en concepto de autor, frente a los 5 años y 6 meses que pedía inicialmente, y una pena de 1 año y 6 meses para Ana González, frente a los 5 años y 6 meses iniciales, reduciendo el concepto a cómplice.
Junto a las penas de prisión, la fiscalía ha solicitado una multa de 35.000 euros para L.M.M., y de 17.000 euros para A.G.M.
Asimismo, ha solicitado una pena de 1 año y 6 meses para I.G.L., para el que solicitaba previamente 4 años, y una pena de 1 año de prisión para M.C.F.S., en lugar de los 4 años planteados inicialmente.
Los cuatro acusados fueron detenidos en mayo de 2023 tras una investigación que condujo a una acusación por delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.
Desplazamientos y reuniones cortas
En el escrito de fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, se relata que a través de una investigación, la Policía Nacional identificó desplazamientos y reuniones de cortos períodos de tiempo a los que, entre diciembre del año 2022 y marzo del año 2023, el acusado L.M.M. acudía desde su domicilio de Yeles (Toledo).
En el vehículo que normalmente utilizaba, se desplazaba a lugares de difícil vigilancia, donde diferentes individuos, según las ocasiones, se introducían en el mismo durante unos minutos para posteriormente abandonar el lugar en actitud vigilante.
En este trasiego de reuniones e intercambios, el acusado L.M.M. frecuentaba especialmente las poblaciones de Rivas-Vaciamadrid, en concreto las inmediaciones de un área de servicio próxima al centro comercial H20; Parla, sobre todo el domicilio donde residía otro de los acusados, I.G.L., con el cual se reunía en numerosas ocasiones; así como el domicilio sito en Yeles (Toledo), donde reside la acusada M.C.F.S., con la cual también tenía encuentros habituales, siempre de escasos periodos de tiempo.
Para realizar estas operaciones, siempre según el relato del escrito de acusación, L.M.M. contaba con la ayuda de su esposa, la acusada A.G.M., con la que convivía, y quien también participaba en reuniones, además de realizar funciones de vigilancia cuando su marido llevaba a cabo desplazamientos para los intercambios de sustancias estupefacientes.
En la entrada y registro llevada a cabo en el domicilio de los acusados L.M.M. y A.G.M, se halló cocaína, de cuya venta en el mercado ilícito se hubiera obtenido 78.840,57 euros. También se encontraron 1.200 euros en efectivo, sustancias de corte, varias básculas de precisión, útiles para adulterar y preparar sustancia estupefaciente para su venta y una máquina de contar billetes.
En este domicilio también se detectaron dos acometidas por las cuales se estaba haciendo un uso fraudulento de la energía por parte de la pareja, cuyo importe de peajes en euros fue de 454,52 euros.
En la entrada y registro efectuada en el domicilio de la acusada M.C.F.S. se encontró coccocaína, cuya venta se habrían extraído 7.099,48 euros. Asimismo, en la entrada y registro efectuada en el domicilio del acusado I.G.L., sito en Parla (Madrid), se encontró cocaína de cuya venta se hubiera obtenido 53,55 euros y se encontraron en dicho domicilio 1.550 euros.
Como consecuencia de estos hechos, el acusado L.M.M. fue detenido el 11 de mayo de 2023 y, actualmente continúa en prisión. A.G.M. fue detenida el mismo día y se mantiene en libertad por constitución de fianza.
Los acusados M.C.F.S. e I.G.L. fueron detenidos el mismo día, si bien respecto de ellos se acordó la libertad con obligación de comparecer judicialmente los días 1 y 15 de cada mes, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio español.
Pueden solicitar la suspensión de penas
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han confirmado que tras el acuerdo de conformidad se abre la posibilidad de solicitar la suspensión de penas, dado que tres de los encausados cuentan con solicitudes de prisión inferiores a los dos años.
El principal acusado, L.M.M., ha permanecido en prisión provisional desde el 11 de mayo de 2023, con lo que, de confirmarse la pena de 3 años solicitada por el Ministerio Fiscal, continuaría teniendo pendiente un periodo de privación de libertad.
La defensa ha introducido la circunstancia de que L.M.M. se incorporó en febrero de 2024 a un grupo de terapia para abandonar el consumo de sustancias estupefacientes bajo la premisa de que condicionó sus actividades en los meses previos a su detención.